El pasado 22/08/14, el
Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) emitió su aprobación a la llamada ‘Ley
de Consultas No Referendarias’, con los únicos votos favorables de los, por
supuesto NO politizados, magistrados propuestos por CiU y ERC.
Automáticamente, la
maquinaria independentistas (entiéndase ciertos medios de comunicación, y sus
opinantes oficiales) se apresuraron a confundir a la opinión pública intentando
crear un paralelismo inexistente entre el sí a la ley de consultas por parte de
CGE, y el sí a tener vía libre para convocar el referéndum independentista
planteado. Pero nada más lejos de la realidad, pues la nueva ley dice que no se
pueden convocar consultas sobre los ámbitos de los cuales no se tienen
competencias, que no se puede utilizar el censo electoral oficial, y que el
resultado nunca será jurídicamente vinculante. Por consiguiente, y si no fuera
porque no me cabe duda de que los independentistas son capaces de saltarse
incluso las leyes aprobadas por ellos mismos, creo que el tema está ya
finiquitado: el referéndum planteado, y como está planteado, no se puede llevar
a cabo.
Ojo, sin embargo, porque
ahora lo más seguro es que los políticos independentistas intenten algún tipo
de “solución creativa” para tratar de contentar a su electorado, por ejemplo,
convocando, mediante la ANC y/o resto de organizaciones
afines, algún simulacro de referéndum sin ningún tipo de garantía
democrática (es decir: sin censo, sin observadores, sin reconocimiento por
parte de nadie, etc.), y por tanto, de resultado inútil pero que ellos
intentarán vender igualmente como totalmente legítimo.
Esto, en realidad, si lo
pensamos bien, es lo que han estado haciendo durante los últimos años con
los diversas consultas "municipales" sobre la independencia, recogida
de firmas, etc. Pero, aún así, a ellos tanto les da: si tienen que volver a
repetir el paripé, que a nadie le quepa duda de que lo repetirán, aunque sólo
sea como mera escenificación teatral.