La democracia española no es
perfecta, como seguramente tampoco lo es ninguna otra democracia, o sistema
organizativo, del mundo. ¿O es que acaso alguien puede citar un país con democracia
perfecta? Digamos que es un asunto complicado, y que incluso puede ser
subjetivo, ya que lo que nos encontramos en la práctica son países totalmente
democráticos pero organizados de forma diferente, que
reconocen unos derechos u otros según sus constituciones o leyes fundamentales
aprobadas democráticamente por el pueblo mediante referéndum, o delegando esta
función en sus legítimos representantes, etc.
No obstante, la democracia, según
la R.A.E., no es más que la “doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el
gobierno”, lo que deja abierto un amplio abanico de posibilidades.
Por eso, el debate que estamos
viviendo en estos momentos en España no es si somos un país democrático, o no -cosa
evidente que sí, aunque los independentistas acusen al sistema de antidemocrático
cada vez que no se les permite trocear la soberanía del pueblo a su antojo para
poner esos trocitos al servicio de sus ocurrencias partidistas-, sino que el
debate ‘real’ gira entorno a si queremos una democracia estrictamente liberal o
participativa, o una mezcla de cierto porcentaje de ambas (cosa que en buena medida
ya se ha hecho en varias ocasiones consultando a la población española sobre
algunos temas excepcionales).
De todas formas, ya que a
los nacionalindependentistas les gusta tanto lo de los hechos diferenciales, citaré
uno que no cabe duda de que es cien por cien español: tener una democracia
acomplejada.
Sí, en efecto, la española
es una democracia acomplejada sobre todo debido al franquismo, y es que,
acabada la dictadura, el nuevo sistema democrático nunca se atrevió a mostrar
toda la firmeza que requiere la autodefensa de los propios valores democráticos
por temor a que la gente no percibiera las diferencias efectivas entre un
sistema y otro, y el nuevo sistema fuera tildado igualmente de autoritario, o pseudofranquista,
lo que hubiera dificultado su consolidación (cosa que con el tiempo ha ido
desembocado en un hecho curioso, pues cuanto más flexible se ha sido en la
interpretación y aplicación de ciertas leyes, como las educativas, más se ha
tachado de franquistas y totalitarios a los que han propuesto o aprobado estas modificaciones
de forma democrática).
Pero, por mucho que quieran
hacernos creer otra cosa, la democracia en ningún sitio es sinónimo de hacer lo
que te de la gana cuando te venga en gana, ni siquiera aunque se arrastren
masas (el fascismo, sin ir más lejos, movía masas); eso más bien estaría en
sintonía con teorías libertarias que, en última instancia, tampoco se aplican
en ningún sitio, en el sentido de que para construir una mínima sociedad, digna
de su significado, hacen falta una serie de normas que, si han sido aprobadas
de forma democrática, constituyen el sistema democrático en sí mismo.
Por consiguiente, saltarse
el marco legal soberano, o no defenderlo jurídicamente hasta sus últimas
consecuencias, no sólo puede ser constitutivo de delito sino que, ante todo, es
un acto profundamente antidemocrático.
