No hace falta echar la vista
muy atrás para confirmar que el secesionismo en España siempre ha estado más
bien al lado de los terroristas que de los afectados por el terrorismo.
Sin ir más lejos, los grupos
terroristas más activos en España durante estos últimos años han sido secesionistas:
ETA (vascos) y Terra Lliure (catalanes), a los que podríamos añadir Resistencia
Galega (gallegos), que continuamente han recibido la comprensión del propio
secesionismo político pues, no obstante, defienden las mismas tesis y hojas de
ruta.
No hace tantos días veíamos el
mediocre homenaje que desde las instituciones gobernadas por secesionistas se
les brindaban a las víctimas de Hipercor, en Cataluña. Y es que, tal vez, cabría
recordar a esos que tienen memoria histórica de pez que el actual gobierno procesista catalán está sostenido por la
CUP, un partido que justifica todos y cada uno de los atentados del Daesh bajo
la excusa de que son una reacción a la opresión de Occidente; o que Carme
Forcadell, la presidenta del Parlament de
Catalunya, y anteriormente también de la ANC, invitó al etarra Otegi al
Parlamento de Cataluña, y que fueron los propios medios de comunicación que viven
de las subvenciones concedidas por los secesionistas de la Generalitat, y sus
comentaristas o pitbulls estrellas, los que salieron en su defensa, ante las
críticas recibidas, catalogando al exjefe etarra como merecedor del Premio
Nobel de la Paz.
Por si alguien sigue
pensando que el nacionalismo catalán no trata bien a los terroristas
secesionistas, podemos recordar algunos cargos en los que han sido colocados varios
simpatizantes del terror, como el actual presidente de la ANC, Jordi Sánchez, o
el director de la encuesta CEO, Jordi Argelaguet.
No es descabellado suponer
entonces que, ante tanto compadreo con el terroristamo ibérico, los mandatarios
secesionistas hayan caído en un exceso de confianza pensando que los
terroristas de más allá iban a ser tan coleguitas con este pueblo tan oprimido como
el suyo, y no iban a atentar nunca aquí, a pesar de que Cataluña es una de las regiones con más riesgo de radicalización yihadista.
Debe ser por eso que no hicieron
caso al aviso de los servicios secretos españoles y extranjeros alertando sobre un inminente atentado en Barcelona, ni hicieron caso del Ministerio de Interior cuando aconsejó poner maceteros, bolardos, o elementos contundentes que
pudieran frenar el modus operandi que últimamente habían adoptado los islamistas
en las zonas de afluencia masiva de ciudadanos, o que por eso prefieren
conspirar alrededor de una buena paella en el apartamento de Rahola antes que
estar pendientes de la seguridad de los ciudadanos a los que dicen servir y
acudir a las reuniones del pacto antiterrorista.
Sí, tal vez todo este cúmulo
de despropósitos se deba a una desgraciada casualidad y no a la dejación de
funciones, pero lo que no es ninguna casualidad es que, desde que se iniciara
el llamado proceso independentista, la Generalitat haya relevado a los cargos de
la policía autonómica (y a otros funcionarios) que no estaban dispuestos a
desobedecer las instrucciones del Estado y poner en riesgo a los catalanes.
¿Es posible que los secesionistas de la
Generalitat (PDECAT, ERC y CUP) no hicieran caso de todas estas advertencias
porque pensaban que iban encaminadas a perjudicar a su proceso?
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